El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, le explicó a EL TIEMPO las razones por la cuales -según el Gobierno- Carimagua debe ir a manos de privados.
¿Por qué no les han entregado esas hectáreas a los desplazados, como se acordó hace 3 años?
El predio está muy alejado de cualquier casco urbano, sin servicios públicos ni infraestructura que les permita desarrollar proyectos productivos.
Pero tiene vías, agua y luz...
Lo que estamos buscando es el desarrollo de infraestructura en la zona, volverla un polo de desarrollo, generando más de 1.500 empleos para gente de la región.
¿Y a cambio de qué?
Hicimos una convocatoria pública, abierta y el próximo 21 de febrero le entregaremos el predio a quien esté dispuesto a pagar más. Deberán pagar mínimo 250 millones de pesos anuales al Estado, así los cultivos de palma, caucho y reforestación aún no produzcan. Y en el año 10, la suma aumenta a 2 mil millones anuales, ajustados al IPC. Pero Carimagua tiene destinación específica...Sacarle recursos a ese predio genera más recursos que entregárselo a desplazados.
¿No cree que el espíritu del Incoder no es el de generar recursos, sino el de solucionar el problema de los desplazados oportunamente?
Es que esa plata la reinvertiremos en desplazados. Además, allí solo caben unas 80 familias y con darle 11 hectáreas a una familia no se hace nada. Además, recuerde que no son 17 mil hectáreas pues 6 mil son de reserva forestal.
Y jurídicamente, ¿es legal cambiarle el destino aun predio para desplazados?
Eso está cuestionado, vamos a ver que pasa. Estamos dando un debate jurídico con el Ministerio Público. Y aunque su concepto no es vinculante, lo tendremos en cuenta.
¿Cuándo sabremos el resultado?
Antes del 21 de febrero.
"Allá caben 80 familias y con darle 11 hectáreas a cada una no se hace nada. Las empresas pagarán 250 millones anuales y luego 2 mil millones".Dice el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.
"Qué importa si son uribistas quienes organizan esta protesta contra las farc. En esto tienen razón y hay que estar con ellos[...] Como el secuestro, a secas, es atroz, apoyo decididamente las marchas de este 4 de febrero contra los secuestros que han cometido y siguen cometiendo las Farc[...]La condena de los actos éticamente inadmisibles no se debe volver relativa mediante comparaciones. Ni condenar las masacres es de izquierda ni condenar los secuestros es de derecha. Ambos crímenes son inadmisibles y ya, y es irrelevante si quienes los condenan son enemigos políticos míos" dice Hector Abad Faciolince en la Revista SEMANA # 1344.
Estoy totalmente de acuerdo es su afirmación. Los actos de barbarie deben ser repudiados por el simple hecho de ir en contra de la humanidad de cualquier persona y punto. Cuando se trata de preservar la seguridad de la sociedad, cada individuo deberá unirse a su comunidad y expresar así su incomformidad y repudio con estos actos y actores, dejando a un lado su inclinación política pues un bien superior es la seguridad de la sociedad.
Sin embargo, muchos de nosotros, que no compartimos la "ideología" uribista, tampoco los argumentos de los uribistas del común, ni su proceder, dejamos por ese día a un lado nuestras diferencias y decidimos apoyar la marcha. Ahora se convoca a una marcha contra las AUC, la cual se espera que todos los colombianos vuelvan a apoyarla. Sin embargo, una demostración social siempre será ineficaz si no viene acompañada de una política gubernamental coherente, en la cual se tenga por objetivo la consolidación de una identidad nacional no sólo alrededor de las FARC sino realmente en contra del uso de la violencia como mecanismo para lograr objetivos terroristas escondidos tras una manta ideológica.
Apoyo totalmente el argumento de Faciolince, pero no creo que ninguna marcha, por grande que sea, por lógica o argumentada, tendrá sentido si se toman deciones encaminadas a seguir debilitando a las víctimas y a no reconocerlas como tales o a reconocerlas sobre el papel y no en la realidad. Actitudes prepotentes, decisiones miopes y poco sociales como las del ministro Andrés Felipe Arias, son las que harán que tanto guerrilla como paramilitares sigan siendo una alternativa real a las víctimas del conflicto en Colombia y permitan que este se siga reproduciendo. Los colombianos no debemos repudiar únicamente guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares, sino también las decisiones de un gobierno que no propende desde sus políticas a la solución del conflicto.
