lunes, 10 de septiembre de 2007

De economía y distribución

Las crecientes desigualdades en ámbitos económicos y humanos alrededor del mundo, ha llevado a reflexionar acerca de la problemática de la distribución de los recursos. La tendencia de los países a adoptar políticas liberales en sus modelos económicos, las consecuencias de dichas decisiones y la creciente concentración de la riqueza hace indispensable repensar los modelos adoptados e intentar vislumbrar nuevas posibilidades para hacer que la distribución de la riqueza y de los diferentes medios esenciales para vivir sea más justa.

De ahí que sea necesario responder a la pregunta ¿éticamente cuál es la forma más justa de realizar dicha distribución? Las diferentes posiciones alrededor de la respuesta a esta pregunta abre el debate entre quienes apoyan la distribución de los recursos asignados por medio de la dinámica del mercado y aquellos que opinan que debe existir una redistribución de los recursos entre los miembros de la sociedad apoyado por unas instituciones socialmente aceptadas y equilibradas, libres de inclinaciones o pretensiones hacia un grupo de individuos privilegiado. La primera concepción ha mostrado, con ejemplos recientes, que ha fallado, mientras que la segunda no sido aplicada a ningún modelo económico.
La primera postura, errada en varios argumentos, más conocida como la liberal, plantea la tesis sobre la cual se afirma que éticamente es más justo distribuir los recursos a cada persona según lo que él y los instrumentos que él posee producen, mediante la libre mecánica del mercado. Para los segundos, con una postura mucho más acertada y coherente, la respuesta se da alrededor de una distribución donde se maximice el bienestar de la persona más representativa del grupo más desfavorecido de la sociedad.
Los liberales plantean como primer argumento que la principal función de asignar los recursos de acuerdo a la producción es que no debe haber un uso coercitivo de la fuerza. Según los liberales, la economía y las relaciones sociales de un país se pueden regular sin necesidad de una mediación del Estado. ¿Pero cuál es el medio para regular las relaciones económicas en una sociedad? El mercado. Por medio de la libre oferta y demanda, los agentes económicos ofrecen productos en la medida en que le son demandados y los demandantes solicitan o compran productos de acuerdo con su capacidad adquisitiva. La capacidad adquisitiva es mayor o menor en relación con su capacidad productiva.
El anterior argumento presenta una visión miope sobre la regulación de las transacciones económicas. Esta percepción presenta un problema capital, debido a que usa a las personas como medios y fines al mismo tiempo. Lo primero porque el mercado está motivado y su existencia se debe a las transacciones económicas y estas son realizadas por actores subjetivos. El mercado depende de las personas y dentro del mercado, para los liberales, se asume que todas las personas tienen la misma capacidad de adquisición y olvida las inmensas diferencias económicas entre los actores. Lo que quiere decir que los mayores beneficios de quienes tienen mayor capacidad adquisitiva van a contrapesar las pérdidas de quienes no la tienen. Pero olvidan que el accionar de los primeros no están guiados a maximizar el bienestar de los más desfavorecidos sino a incrementar sus propios beneficios y el mercado no tiene en cuenta esto. Lo segundo, porque asigna el mismo bienestar a todas las personas, tanto económicamente como subjetivamente. Económicamente porque no toma en cuenta la historia de las personas, cada persona nace con un pasado que determina su presente (aunque probablemente no su futuro). Si sus padres son pobres, en el momento de su nacimiento el individuo también lo es, porque carece de los medios para producir algún producto de modo que, ni potencialmente ni de hecho, al individuo se le está dando la posibilidad de superar esta contingencia, sólo con su empeño y emprendimiento podría mejorar esa situación. Subjetivamente, porque asigna el mismo nivel de felicidad, por ejemplo, al rico y al pobre. Ahora se olvidan las contingencias sociales. Alrededor de la persona pobre se genera una exclusión social porque se le considera con menores capacidades, tanto económicas como intelectuales. De ahí que sea importante tomar en cuenta una distribución donde se respete la situación social y económica de los más desfavorecidos, brindando mayor posibilidad de poder superar las contingencias antes mencionadas.
La teoría de la justicia distributiva brinda una solución acertada a los problemas anteriormente expuestos. Puesto que el mercado presenta serias fallas en su funcionamiento[1] y no se puede entender cómo los más beneficiados con esta regulación puedan promover un modelo en el cual deban ceder sus beneficios de tal manera que se incremente el bienestar de otros. De tal manera que las instituciones deben interferir para asegurar esta distribución[2]. Esta intervención no vulnera la propiedad privada[3], no se pretende quitar los medios de producción, ni tampoco los lugares donde se llevan a cabo los procesos productivos, sólo se pretende hacer una distribución más justa de las utilidades que se obtienen de dicha distribución debido a que el mercado no lo logra, de tal manera que se pueda maximizar el bienestar de la persona más representativa del grupo más desfavorecido de la sociedad.
Ahora bien, un segundo argumento presentado por los liberales, para fortalecer el papel del mercado como regulador de las transacciones económicas, establece que para conseguir una igualdad en el tratamiento es necesario establecer el pago de acuerdo con el producto o servicio ofrecido. Las diferencias en renta monetaria compensan las diferencias en otros aspectos. Por ejemplo, hay un trabajo disponible para limpiar los baños de un estadio de fútbol. Los liberales son “concientes” que dicho trabajo no es muy higiénico (no es lo mismo limpiar baños en una universidad o domésticamente a un estadio de fútbol, eso es claro). Pero tampoco se requieren capacidades intelectuales para realizarlo. Es por eso que si antes se pensaba pagar $1 peso, por ejemplo, ahora se paga $1.5 porque el trabajo no es muy digno. Esa diferencia de $0.5 (diferencia monetaria) compensa la diferencia entre limpiar baños de universidad y baños de estadios de fútbol. Esta compensación la puede dar el mercado sin necesidad de recurrir a la intervención institucional.
Pues bien, si bien esta compensación se podría dar, no es cierto que de hecho se de en la realidad. Nuevamente los liberales están equivocados con dichos planteamientos. Si bien es cierto que las diferencias monetarias pueden compensar algunas diferencias, no es cierto que compense todas las diferencias. Por ejemplo, las diferencias monetarias no compensan las diferencias en capacidades, al contrario, las hace más profundas. Un ejemplo claro, ¿cómo se pretende afirmar que las diferencias monetarias pueden compensar las diferencias entre un ejecutivo con master, doctorado y especializaciones frente a un jardinero pragmático? Estas diferencias se profundizan porque el pasado del primero le da la posibilidad potencial de desarrollar su presente para asegurar su futuro, al segundo no le es tan fácil. Si nace con posibilidades económicas, puede estudiar, desarrollar sus capacidades y ofrecerlas en el mercado laboral. Como los oferentes de conocimiento especializado se van reduciendo a medida que crecen las capacidades desarrolladas, inversamente ocurre lo mismo con el salario ofrecido. Por otro lado, el mercado de oferentes de jardinería es tan amplio y requiere de muchas menos capacidades. No hay filtro alguno para que el mercado oferente se reduzca y la oferta de salarios aumente, por el contrario los jardineros ofrecen sus servicios cada vez a un precio menor, cosa que no pasa con los ejecutivos, de ahí que la falta de capacidades no se vea compensada por las diferencias monetarias. La falta de capacidades aumenta las diferencias de renta y como la mayoría de personas carecen de capacidades especiales o exclusivas, la mayoría de personas devengan un salario menor a causa de esta carencia.
Este limitante de capacidades tiene otra connotación en la vida de las personas. Al no tener posibilidad de desarrollar nuevas capacidades, se estará limitando la libertad de las personas ya que no podrían adquirir recursos para poder satisfacer sus necesidades. De ahí que se pueda tomar los dos principios de diferencia presentados por Rawls para poder equilibrar este limitante, este filósofo los presenta de la siguiente manera:
“Primero, toda persona que toma parte en una institución o se ve afectada por ella tiene un igual derecho a la más amplia libertad compatible con una similar libertad para todos (…) las desigualdades, en tanto que definidas o alentadas por la estructura institucional, son arbitrarias a no ser que sea razonable que redunden en provecho de todos y con tal que las posiciones y cargos a los que están adscritas o desde las que pueden ser ganadas sean accesibles a todos”[4].

Este mismo autor expone que es necesario hacer una reingeniería de las instituciones presentes en la sociedad para poder definir la estructura básica de la colectividad para que las cuotas distributivas sean justas y realizables. Para poder llevar a cabo esta reingeniería debe establecerse un velo de ignorancia[5] y así cada persona sabrá hasta que punto ceder, lo que pone en vista un principio de fraternidad, puesto que representa una equivalencia en la estima social, puesto que no decide obtener mayores ventajas a no ser que sea en beneficio de los que están peor. Es así como nuevamente, la teoría de justicia distributiva presenta soluciones coherentes frente al problema de cuál es la distribución más justa.
El último argumento los liberales es el más fuerte de todos. Este establece que nada justifica el unir fuerzas para quitar la riqueza de alguien para dársela a otro individuo. Cuando esta riqueza la ha conseguido por medio de la lotería natural y esta es arbitraria, el beneficiado no tiene responsabilidad alguna de poseerla. Por la tanto, hacer lo contrario sería pasar por encima de la libertad y propiedad individual. Por ejemplo, afirman que si uno va caminando por la calle y se encuentra un billete ¿está en la obligación de distribuir lo que se encontró por razón del destino o el azar? Si todos nos ponemos en esa situación muy seguramente responderíamos que no. Pero la lotería natural no se reduce a encontrarse un billete, una moneda, un billete de lotería o lo que sea, es mucho más amplia y, los liberales, al no considerar la magnitud real dejan por fuera muchas variables y hacen que su argumento pueda ser refutado.
Pues bien, como bien afirman los liberales, toda desigualdad dada por la lotería natural es arbitraria y así como los favorecidos por el resultado del azar no son culpables de ser beneficiados, los desfavorecidos tampoco lo son. Las desigualdades resultantes de la lotería natural también tienen que ver con las que se presentan en el momento de nacimiento y con las de dotes naturales. ¿Acaso los niños que nacen en familias pobres tienen la culpa de haberlo hecho? ¿Tienen opción de escoger? ¿Las personas que nacen con retraso mental, limitaciones físicas o, en el mejor de los casos, con menores capacidades intelectuales, tienen la culpa de haberlo hecho? El principio de diferencia, como base para la tesis propuesta en este ensayo, no pretende que la sociedad trabaje en dirección a igualar las inequidades naturales. Lo que se pretende es asignar recursos a sectores que potencialicen la opción de poder mejorar las expectativas a largo plazo de los más desfavorecidos, por ejemplo, a la educación. Lo que propone la teoría distributiva, con su principio de diferencia, es que “debe considerarse la distribución de los activos naturales como propiedad común y de participar en los beneficios de esa distribución, cualquiera que resulte ser”[6]. Esto no quiere decir que la sociedad deba moverse en busca de una igualdad de activos naturales, sino moverse para propiciar los medios para mejorar las expectativas.
Pues bien, para contraponer ambas tesis a un hecho específico, vale la pena reseñar el caso concreto de Bolivia. En 1985 el gobierno boliviano introdujo la Nueva Política Económica como la respuesta o solución de carácter neoliberal a la crisis que estaba viviendo el país desde mediados del siglo XX y que estuvo acentuada por el primer quinquenio de la década de los 80. La Nueva Política Económica introducía el modelo neoliberal de bajar los aranceles[7], tener un política antiinflacionaria[8] y abrir los mercados para que los agentes económicos que tienen la posibilidad de explotar los recursos naturales establezcan sus industrias en territorio boliviano y tengan que contratar mano de obra del país; de modo tal que se reduzca el empleo y aumente la capacidad adquisitiva de los bolivianos, que, junto con la política de reducción a la inflación, traería como consecuencia el aumento de la demanda agregada y por consiguiente la necesidad de los oferentes de incrementar su producción para poder cumplir con el incremento del consumo. Tener un Estado lo suficientemente pequeño para que no interfiera en el mercado, pero lo suficientemente grande para hacer cumplir las Leyes.

Como consecuencia de esta política, a mediados del año 87, el PIB per cápita empieza a incrementarse sostenidamente, y la economía boliviana presentara tasas de inflación decrecientes. La reforma económica se realizó en dos etapas: en un primer momento, el esfuerzo se centró en la liberalización de la economía, mientras que en una segunda fase, la atención se volcó a la reestructuración de la frontera Estado-Mercado (menor intervención estatal en la dinámica del mercado).El objetivo que se tenía con este nuevo esquema era el de atraer mayores inversionistas con los excedentes logrados por la nueva política y en segundo lugar satisfacer las necesidades de consumo en algunos sectores sociales de Bolivia.

Desde la perspectiva de los objetivos macroeconómicos que se pretendían alcanzar con la reforma, los resultados del proceso de reingeniería han sido positivos: esta reestructuración se consolidó con el punto de partida de crecimiento económico sostenido, desde la reforma el PIB per cápita[9] se ha incrementado sostenidamente, y la economía boliviana presenta tasas de inflación bajas. Hasta este punto se podría decir que el mercado cuando se deja funcionar libremente, sin que interfiera en su dinámica el Estado, puede mejorar la economía y cuando esto es así, por supuesto, se mejoran las condiciones de vida de las personas.

Sin embargo, hay unos aspectos sobre los cuales vale la pena hacer unas aclaraciones. El tema de la distribución de bienes y renta es un aspecto fundamental para que el desarrollo económico sea justo y no altamente polarizado entre quienes obtienen mayores beneficios y quienes están excluidos de esta opción. Bolivia viene presentando un grado de inequidad que crece simultáneamente con el desarrollo económico propuesto por la Nueva Política Económica. Algo que presenta una contradicción implícita puesto que el desarrollo económico supone una condición necesaria para el desarrollo humano y la reducción de la pobreza, algo que no está ocurriendo en Bolivia. El mercado no distribuyó de manera equitativa los recursos, el mercado falló.

Desde la apertura del mercado boliviano a los mercados internacionales, los flujos de capital provenientes de mayor inversión extranjera han sido constantes y se ha visto un cierto comportamiento ascendente de la economía boliviana. Sin embargo, el coeficiente Gini[10], en la transición de la década de los 80 a los 90, pasó de 0.49 a 0.53 según un informe de la ONU[11]. Esto se debe básicamente a que los que mayor beneficio obtuvieron con la liberalización de la economía son los inversionistas extranjeros y no la sociedad boliviana, porque la infraestructura nacional no tenía la capacidad ni técnica ni humana, para poder realizar la explotación de los recursos naturales. No existió una redistribución de los recursos, los beneficiados por la dinámica del mercado no redistribuyeron las ganancias en educación o salud. No cedieron parte de sus beneficios por el bienestar de otros. Lo que demuestra la plausibilidad de la crítica hecha en un principio.

Si bien es cierto que con el flujo de capital extranjero para la inversión incrementó el PIB nacional y per cápita, y disminuyó el desempleo, la cantidad de empleos ofrecidos ha crecido pero son precarios, la remuneración no es justa y los obreros y campesinos apenas logran sobrevivir con su total devengado. El mercado vuelve a fallar para poder solucionar estas contingencias sociales.

Desde el punto de vista de desarrollo vía inversión nacional o extranjera, los bolivianos son tratados inequitativamente en relación con los inversionistas extranjeros. Las posibilidades para obreros y campesinos de poder acceder a créditos es reducida. Acá entra en cuestión el principio de diferencia. No hay un trabajo dirigido a incrementar las expectativas de los más desfavorecidos como lo propone la teoría distributiva.

La libre inversión en Bolivia trae como consecuencia la generación de grandes utilidades por parte de las multinacionales y transnacionales, pero la reinversión en procesos de modernización del agro, la creación y fortalecimiento de medianas industrias, la inversión en educación o salud, no se vio fuertemente afectada por dichas inversiones. Esto muestra que la distribución de los recursos no se da. Por el contrario, existe una marcada polarización entre quienes obtienen mayores beneficios y aquellos que son relegados de la posibilidad de acceder o bien a los recursos, o a medios para que aumenten sus posibilidades de desarrollar sus capacidades e incrementar sus expectativas.

Por otro lado, el constante crecimiento de la economía boliviana contrasta con la mínima reducción de la pobreza. ¿Acaso no es de suponer que con un crecimiento económico sostenido también crece el desarrollo humano y se reduce la pobreza? Esto demuestra que el mercado es imperfecto y no redistribuye justamente la renta.
Parece que la liberalización del mercado, si bien ayuda al desarrollo sostenido de las economías, no implica que también distribuya de manera justa los recursos. Mas bien parece que dichos planteamientos económicos propenden al aumento en la concentración de la riqueza como lo plantea la ONU en el caso específico de Bolivia, donde se presenta un crecimiento de dos puntos porcentuales en el PIB per cápita, pero la reducción de la pobreza no tiene un porcentaje relevante y sí lo tiene el creciente grado de concentración de riqueza que muestra el coeficiente GINI.

Es por eso que creo que la teoría de Rawls tiene especial importancia en la necesidad de generar un desarrollo económico junto con una distribución justa de los bienes y la renta, de modo tal que el desarrollo sea integral y no sólo se centre en el incremento cuantitativo de las cifras, sino en el incremento cualitativo de dicho desarrollo junto con un incremento en la calidad de vida de las personas. De ahí que no se pueda considerar las apreciaciones neoliberales como soluciones integrales al desarrollo sostenido de un país, puesto que el mercado es imperfecto y deja por fuera las variables humanas y subjetivas de dicho desarrollo, que, a fin de cuentas, es el que determina el desarrollo. No se puede considerar la economía como un sector independiente del social, porque toda transacción económica se realiza por actores subjetivos y estos deben tener alguna utilidad, no sólo material, para que dichas transacciones sean óptimas. Si bien es cierto, como lo demuestra en caso boliviano, que los planteamientos liberales dinamizan el desarrollo económico de un país. No es cierto que proporcionalmente se incrementen las expectativas de los más desfavorecidos. Por el contrario, profundiza la inequidades e impone nuevas barreras al desarrollo social. Es por eso que pienso que toda política económica debe estar guiada a beneficiar a todas las partes involucradas, pero maximizando el bienestar de la persona más representativa del grupo más desfavorecido, como bien lo plantea Rawls.





Bibliografía.

Friedman, Milton. “Introducción”. En: Capitalismo y Libertad. Madrid: Ediciones Rialp, S.A., 1966, pp. 13-19
Informe de la ONU. “Crecimiento Económico y Pobreza en la Bolivia de la Nueva Política Económica (1985-2000)”. [consultado el 18 de mayo de 2005] Disponible en Internet: http://idh.pnud.bo/docs/idh2002/05Cap2.pdf
Rawls, John, “Justicia distributiva”. En Justicia como equidad, Madrid: Tecnos, 1986.
[1] Crítica al instrumento liberal. Las fallas fueron ya expuestas.
[2] Aquella que dice que se debe distribuir de tal manera que sea imposible empeorar la situación de la persona más representativa del grupo más desfavorecido cuando se mejora la situación de otro.
[3] Esencial para poder llevar a cabo la libertad individual. Si el hombre es dueño de su cuerpo también lo es de lo que con él produce. (Locke).
[4] Ver Rawls, “Justicia distributiva”, p, 61.
[5] Planteado como un velo que no deja que los intereses personales puedan interferir en la redefinición de las instituciones.
[6] Ver Rawls, “Justicia distributiva”, p, 72.
[7] Impuesto que debe pagarse, generalmente, para poder hacer importaciones. Es un mecanismo de protección a las industrias nacionales.
[8] Teóricamente se dice que al bajar la inflación, la capacidad adquisitiva de las personas aumenta por los bajos precios, consecuentemente aumenta el consumo y por consiguiente la producción, de tal modo que se dinamiza la economía.
[9] Lo que produce una persona (en bienes o servicios) en un periodo determinado, generalmente un año.
[10] Coeficiente que muestra el grado de concentración de riqueza de un país. Entre más cerca se sitúe el coeficiente a 1 mayor es la concentración mientras que entre más cercano a 0 esté el coeficiente menor es el grado de concentración.
[11] Ver Informe de la ONU, “Crecimiento Económico y Pobreza en la Bolivia de la Nueva Política Económica (1985-2000)”Disponible en Internet: http://idh.pnud.bo/docs/idh2002/05Cap2.pdf